Los procesos de movilización social se han repetido en nuestra historia reciente, en especial en lo que respecta a educación. Es por esto que ante una tercera semana movilizaciones de los profesores en contra de la nueva carrera docente, me gustaría despejar ciertas interrogantes que han surgido en la opinión pública, todo, desde la óptica de un docente movilizado.
Dos frases con gran eco en la opinión pública que pasaron sin ser cuestionadas adecuadamente: “Aumento de los sueldos de los docentes partiendo desde casi un millón de pesos” y “Que los docentes no quieren evaluarse”.
Partamos por la primera afirmación, la renta base mínima nacional de la cual proviene el valor hora docente, se mantiene. Es cierto, las remuneraciones aumentarán, no significativamente pero aumentarán (Esto despejando ciertas publicaciones catastrofistas que dicen que un profesor que inicia su carrera partirá ganando de sueldo base $299.000 pesos), debido a que se cuadriplica la asignación por título y mención (BRP), además de agregar las asignaciones por tramos de desempeño docente, bases de la lógica competitiva que plantea el proyecto en términos evaluativos, situación que desarrollaremos en extenso más adelante.
Sin embargo, disminuyen en valor, las asignaciones por años de trabajo (bienios) y se eliminan las asignaciones por perfeccionamiento docente. Hay que señalar que los grandes cambios planteados por el ejecutivo en términos de remuneraciones son en base a asignaciones, o sea variables. Es preocupante que no sean inyecciones directas de recursos, estableciendo pisos mínimos de cambio real en los sueldos de los docentes.
Además hay que precisar que los cálculos de los cambios de remuneración parten desde lógicas de contrato de 44 horas situación casi inusual para un docente de aula, ya que dichos contratos están reservados principalmente a quienes se desempeñan en la unidad técnica pedagógica, inspectoría o dirección, o sea el equipo directivo de un establecimiento educativo (Normalmente un docente está contratado en promedio por 35 horas e incluso menos).
Si bien se habla de mejoras en los salarios, no se menciona en ningún momento la estabilidad laboral, un caso crítico es el de los colegios particulares subvencionados donde trabaja el 46% de los docentes, más allá de estar o no de acuerdo con la existencia de un sistema mixto de educación. Debemos mencionar que en ese sector los sueldos son regidos por el estatuto docente, sin embargo en términos contractuales están bajo el código laboral, en donde los docentes se desempeñan bajo amenazas y despidos arbitrarios (aunque legales), los que muchas veces afectan a quienes se sindicalizan, único amparo para poder negociar condiciones dignas que deberían ser aseguradas per se.
Si seguimos hablando de condiciones laborales, la proporción de horas lectivas-no lectivas sigue siendo alta, se propone 65%-35% recién en 2018, aún implicaría seguir llevándose trabajo para la casa. Si ud, no cuestiona el llevarse trabajo para su casa, ese es otro problema.
Además la cantidad de niños por aula tampoco se discute en este proyecto, desde la OCDE se recomienda un número máximo de 25 alumnos. En promedio en Chile hay 33 alumnos por sala, sin contar que algunos establecimientos tienen hasta 45 alumnos por sala. Un ejemplo con el sistema actual 75%-25% (Horas lectivas- No lectivas): Un profesor de asignatura con 4 horas a la semana, con un contrato de 41 horas. Tiene 10 cursos en el sistema actual, con un promedio de 33 alumnos tiene a cargo 330 alumnos con solo 8 horas para planificar, preparar material, revisar evaluaciones, retroalimentarlas y atender apoderados, entre otras situaciones.
Y por último, los bonos de incentivo al retiro se siguen planteando como esporádicos y a merced del gobierno de turno. El profe cumple un rol público, el incentivo al retiro es precisamente para promover la renovación de docentes, ya que los profesores no jubilan por las pensiones miserables. Sin duda, la lucha respecto a las jubilaciones no sólo debería ser de los docentes, sino que debe ser visto como tema país en la próxima reforma laboral que también se nos viene durante este gobierno.
Las situaciones antes mencionadas no están aludidas en ningún momento en el proyecto, que son vitales en términos de condiciones laborales y contractuales de los docentes.
Ahora partamos respondiendo la segunda afirmación: ¿Negación a evaluarse?
Los docentes no se niegan a la evaluación, se niegan a lo que representa las condiciones y objetivos de la evaluación.
La evaluación implica un proceso que debe ser continuo y no de un momento, como lo es en la actualidad. La preocupación debe partir en las universidades formadoras de docentes, además de que esto esté plenamente interconectado con la inserción laboral, los monitoreos deben ser anteriores al egreso, certificando la calidad de estos planteles estudiantiles y así se valida al profesor titulado.
Otra premisa que es necesario despejar “se quiere eliminar a los malos docentes del sistema”, no se puede buscar remediar una mala formación con una evaluación docente, si como gobierno permitiste que esa gente estudiara y pudiese titularse, porque validaste ese sistema en que el mercado permite impartir las carreras y acreditar las universidades bajo el amparo del gobierno. Con esas condiciones se debe propiciar el acompañamiento y el continuo perfeccionamiento docente, en vez de castigar a alguien que le diste la opción para desarrollarse. Es imposible retrotraer años de desregulación, si como gobierno propiciaste aquello. Se debe dar un acompañamiento y no optar por la desvinculación casi inmediata como se plantea en el proyecto.
Además los portafolios y evaluaciones docentes demandan tiempo extra, aparte del trabajo normal, tiempo que de por sí es escaso, planteándose como otra razón más de agobio laboral.
Las evaluaciones planteadas en el proyecto fomentan el individualismo y no el trabajo en conjunto del cuerpo de profesores. La idea de un proceso educativo es que la comunidad construya cambios con el fin de formar para transformar la sociedad y planteándose como finalidad, la construcción en conjunto de aprendizajes y habilidades significativas para nuestros estudiantes.
El proceso de evaluación debe ir más allá de pruebas estandarizadas y portafolios que es lo que se plantea en el proyecto. La evaluación debe ser constructiva y no así punitiva, hay que entender que una evaluación debe contemplar todo un proceso, entiendo que esto debe ser continuo y tomando en cuenta el contexto del establecimiento educativo. Por lo cual esto, de ninguna manera se contrapone con el poder ser evaluado durante el transcurso de nuestra carrera como docentes.
A fin de cuentas, se establecen parámetros de evaluación, sin poner foco en la formación inicial en base a esos parámetros y una vez titulado no se propicia el perfeccionamiento. Una sociedad que no tiene confianza en sus docentes, no puede pedir docentes reflexivos de sus prácticas.
Para ir finalizando ¿Por qué retirar el proyecto y no modificarlo?
Esta última pregunta surge desde la discusión en la comisión de educación que comenzó este Lunes 15. Retirarlo pasa por la desconfianza sobre proyectos relativos a la educación que han sido arreglados sobre la marcha (LGE 2008), en donde las demandas históricas de los movimientos sociales por la educación no han sido integradas. El retirar el proyecto no debe significar de ninguna forma partir desde cero, sino que debe allanar el camino para construir un entramado más concreto y preciso desde un inicio cuando sea construido realmente en conjunto con los docentes.
Un proyecto tan importante, no debe ser discutido y aprobado a la ligera, más aún si existen disensos por una gran parte del profesorado, ya que este proyecto es tan solo una parte de la gran reforma educacional que necesita nuestro país. La cual debe establecer un sistema articulado de educación pública en todos sus niveles (educación inicial, básica, media y técnica y/o superior), garantizando el acceso real y democrático a la educación, sin importar condición socioeconómica, género o raza.
A no perder el foco en lo importante, que es el mejoramiento de nuestra educación. Para ello se debe comenzar con el retiro del proyecto, con ello se dan garantías para que se reconstituyan las confianzas entre la clase política, la ciudadanía y los docentes.
Giordano Gamboni
Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (PUC-Universidad de Chile)
Diplomado en Gestión Directiva de Organización Escolares (PUC)
