Sin duda que las movilizaciones de 2011 tuvieron como gran mérito instalar, con sentido de urgencia, la discusión sobre la garantía del derecho fundamental a la educación, particularmente en su nivel universitario, donde hasta ahora Chile ostentaba tristes rércords de segregación.
Así las cosas, el programa de gobierno de la Nueva Mayoría tomaba como directrices algunas de las principales banderas de las reivindicaciones de 2011, a saber, la gratuidad y la democratización interna de los planteles universitarios. Sin embargo, la bajada de dichas consignas a políticas públicas concretas estuvo marcada por un camino titubeante y con más indefiniciones que certezas.
Lo cierto es que muchos tuvimos altas expectativas del nuevo trato entre el Estado y sus universidades, fundamentalmente en lo relativo a su financiamiento como instituciones verdaderamente públicas y la definición del rol que estas jugarían en el desarrollo del país. Sin embargo, creo que esta ley corta – e incluso la famosa glosa presupuestaria – vienen a sentar un peligroso precedente que puede terminar por desdibujar completamente la línea de aquello que es público y de aquello que es privado, aunque tenga un rol público.
La garantía de acceso a la educación superior vía gratuidad debió ser consecuencia de una reforma orgánica compleja al sistema de educación universitaria. Dicha reforma habría permitido discutir previamente cómo el Estado se hace cargo de sus instituciones y cómo apoya la importante tarea que desarrollan también algunos planteles privados, los que por muy antiguos y/o respetables que sean, no dejan de ser instituciones de propiedad particular.
Creo que solo en Chile se plantea esta artificial discusión de qué es aquello que consideramos público. No veo cómo esta discusión pudiera producirse en ningún otro país que se pretenda serio y desarrollado. Las mismas instituciones que ayer se amparaban en su calidad de “privadas” para sustraerse de todo control fiscal, para no participar del proceso único de admisión, para atraer a estudiantes sin requisito de ingreso bajo la promesa de crédito o beca, que prohibían la participación estudiantil e incluso académica, etc., hoy pretenden alcanzar el mismo estatus que las universidades públicas al ver que la platita está ahí, lista para ser tomada por cualquiera que cumpla un par de requisitos sin ninguna significancia de fondo. Comprendo lo positivo que será para miles de familias el poder acceder a una educación superior gratuita. Pero temo de las consecuencias que traiga para el futuro el haber dado un cheque en blanco, sin definiciones previas claras, sin un debate amplio y profundo; temo por el futuro de las universidades estatales, las que hoy no ven mejorada su situación prácticamente en nada, pues seguirán atendiendo a más o menos el mismo público con más o menos los mismos recursos, solo que ahora entregados bajo otra fórmula; en tanto que los planteles privados quedan comparativamente en un pie superior al recibir financiamiento directo sin someterse a ningún régimen jurídico especial.
El Estado sigue en deuda con sus universidades, pero el gobierno tiene tiempo aún de poder definir una política pública con miras de largo plazo. Una política que piense en el Chile del mañana no puede excluir a sus jardines, escuelas, liceos y universidades, pues solo estos son garantía del desarrollo. Algunos proyectos privados pueden ser muy rescatables, pero no dejan de ser privados y de servir a intereses particulares, sean religiosos, políticos o económicos.
Finalmente y como nota al margen: cuán fácil fue para unos pocos privatizar lo de todos y desmantelar lo público, sin debate, sin consulta, sin control; y cuán difícil ha sido para todos publificar lo privatizado, recuperar lo usurpado y democratizar lo que se perdió sin democracia.
1 El autor es egresado de Derecho de la Universidad de Talca. Secretario ejecutivo de la revista Estudios Constitucionales del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (CECOCH). Ayudante de Derecho
Político y Constitucional. Fue Presidente del Centro de Alumnos de Derecho 2010-2011. planteles privados quedan comparativamente en un pie superior al recibir financiamiento directo sin someterse a ningún régimen jurídico especial.
