Si, movimiento ciudadano: hace tiempo que dejó de ser correcto hablar solamente de movimiento estudiantil, pues quienes se han manifestado en torno a la educación no son solamente estudiantes de educación básica, media o superior, sino que son profesores, funcionarios, padres y apoderados, amigos, vecinos, familias, todos manifestándose en torno a la que parece ser la problemática más urgente de nuestro país: “la educación”. Es así como se pide una educación amplia, de calidad, gratuita, laica, sin lucro, sin endeudamiento, de cargo del estado con miras a desarrollar como corresponde a nuestro país.
Con estos fines se han organizado durante los últimos días no solo marchas, paros y tomas (las medidas que más llaman la atención de nuestros electos funcionarios sin las cuales, admitámoslo, no había cobertura mediática), sino que besatones, intervenciones musicales y de baile en honor a Michael Jackson, Lady Gaga, Pink Floyd, interpelaciones ciudadanas, ampliando la posibilidad de participación de nuestra ciudadanía mediante distintas instancias, pero por sobre todo dejando de lado la discusión en torno a la violencia y las movilizaciones. No es raro, aun hoy en día, escuchar a la institucionalidad y los medios de comunicación utilizar la “violencia” de algunos ciudadanos (porque son ciudadanos al fin y al cabo) como forma de evitar abarcar el trasfondo de las problemáticas ciudadanas limitando vergonzosamente el significado de la palabra violencia en un contexto en el cual al parecer la sociedad pacífica y estable no entiende el origen de estos actos. La verdad es que si revisamos nuestra historia, la violencia dejó de ser un concepto cuya referencia es netamente física; el castigo y el daño dejaron de tener un origen estrictamente material, mientras se valoraban nuevos bienes humanos, como el alma y la libertad. ¿Qué más violento que una sociedad que coexiste (algunos dirán, necesita) en su normal funcionamiento un porcentaje de mano de obra disponible, conocida como “cesantía”? Esto significa millones de personas sin trabajo, sin medios para alimentarse a sí mismos o a sus familias, costear un techo, abrigo, agua o luz. ¿Qué más violento que una institucionalidad que requiere de solicitudes formales de permiso para poder expresar masivamente una opinión, que restringe el derecho constitucional de la libre circulación por el territorio soberano? ¿Qué más violento que una democracia que no escucha a sus ciudadanos, que no posee canales de expresión? Si entendemos que la violencia no es solo material, sino que existe una violencia que atenta contra otros bienes, es que podemos empezar a vislumbrar que hay actos institucionales y ciudadanos esencialmente violentos que quizás, y solo quizás, iniciaron una cadena de maltrato invisible, pero no inexistente, que lleva a un descontento profundo, silencioso, expectante.
¿Cuál es nuestra realidad en educación superior?
PRIMERO: Existen 177 instittuciones de educación superior: a lo largo de nuestro largo y angosto país hay 60 universidades, 44 institutos profesionales, 73 centros de formación técnica. Al hablar de universidades hay que distinguir las universidades estatales o simplemente privadas.
Según las estadísticas del Ministerio de Educación, para el año 2010 habían 987.634 alumnos cursando la educación superior: 634.733 en las universidades, 224.339 en los institutos profesionales, 128.571 en centros de formación técnica. De esta cifra, son estudiantes matriculados en primer año durante el año 2010, 177.382 en universidades, 95.221 en institutos profesionales y 63.120 en centros de formación técnica. Claramente, las universidades, foco principal de las movilizaciones, han pasado a un segundo nivel en lo que es ser la plataforma formativa de profesionales para nuestro país, y son los institutos profesionales y centros de formación técnica las nuevas instituciones que deberían ser estrictamente reguladas dentro de lo que debería ser un proyecto país ideal a largo plazo, actualmente inexistente.
SEGUNDO: Ahora, ¿qué significa que sean estatales? Bueno, hoy en día estatal tiene muchos significados. En un primer acercamiento, estatal es aquella universidad cuyo dueño es el estado. Actualmente, estas universidades conforman el “Consorcio de Universidades Estatales”, que reúne a las dieciséis universidades del Estado, desde Arica a Magallanes, la que se constituyó como una corporación sin fines de lucro el 13 de Mayo de 1993, y obtuvo su personalidad jurídica por decreto N° 31 el 7 de Enero de 1994. ¿Cuáles son estas universidades? Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Antofagasta, Universidad de Atacama, Universidad de La Serena, Universidad de Playa Ancha, Universidad de Valparaíso, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Chile, Universidad Metropolitana de ciencias de la Educación, Universidad de Talca, Universidad del Bío Bio, Universidad de la Frontera, Universidad de los Lagos y Universidad de Magallanes. En total poseen 139.835 estudiantes, esto es un 22% de la totalidad de los estudiantes universitarios. Esta cifra no deja de ser menor, al considerar que el resto de los estudiantes estudian en establecimientos privados, acreditados o no, los que nacen como iniciativas de ciudadanos que forman fundaciones sin fines de lucro como la ley lo señala debiendo reinvertir todas las utilidades que se forman en los mismos establecimientos, tema que se encuentra actualmente en discusión. De no existir estos establecimientos, habría que intervenir directamente las instituciones educativas, no solo ampliando la cobertura de éstas, sino que inyectando recursos para establecimientos, profesionales, materiales, debiendo barajarse incluso la creación de nuevas universidades de cargo estatal.
Una segunda opinión es aquella que define “estatal” según el rol o la misión que posee; esto es, en la medida que aquel establecimiento de educación superior busque aportar a la sociedad que la rodea poniendo por ejemplo, a merced de la misma publicaciones e investigación, proyectos sociales, un cierto tipo de profesionales descritos en la misión de la misma, podría pasar a describirse de aquella forma. “Estatal” pasa a ser sinónimo de “público”. Es aquí donde se amplía el sector de universidades, y donde quienes consideran por ejemplo, que la Pontificia Universidad Católica de Santiago podría ser considerada “estatal”, no por su orgánica y administración interna (la cual es privada), sino por el rol que ésta cumple en la formación de profesionales y en la creación de conocimiento para nuestro país. Es así como el día 30 de Marzo de 2009 se estableció una asociación llamada “Red Universitaria Cruz del Sur” cuyo propósito es el de trabajar en conjunto para promover el intercambio continuo de experiencias entre académicos, investigadores y estudiantes; favorecer la creación de capital humano avanzado; fortalecer la internacionalización, y constituirnos en un referente nacional e internacional en el ámbito de las políticas públicas que involucra a universidades de este tipo, de origen privado pero cuyos objetivos principales son mejorar la calidad y diversidad de nuestros programas de estudio, mejorar los aportes al conocimiento y a la innovación productiva, contribuir al progreso social, cultural y económico regional y nacional, una buena gestión de nuestros recursos, y buscar la proyección internacional de nuestros aportes. Son miembros de esta asociación la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, y la Universidad Austral de Chile.
Esta discusión es de especial relevancia al momento de considerar qué instituciones debe apoyar el estado financieramente: ¿aquellas que sólo poseen al estado como dueño y como garante entonces de su funcionamiento, o bien aquellas que si poseen una inyección privada de recursos pero que cumplen una función relevante en nuestra sociedad por lo que merecen un apoyo de parte de nuestra institucionalidad?
TERCERO: ¿Se unen en alguna parte las universidades estatales de origen y las universidades que quieren ser llamadas estatales por misión”? Si, en el “CRUCH”.
El CRUCH, Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, es un organismo que agrupa a las veinticinco universidades públicas-tradicionales más “prestigiosas” del país (según la definición que éste mismo organismo se otorga). Se creó el 14 de agosto de 1954, en virtud a lo establecido en la Ley Nº 11.575 (artículo 36, letra c), como un organismo de coordinación de la labor universitaria de la nación. Está presidido por el Ministro(a) de Educación o por aquel Rector, integrante del mismo, en quien se delegue tal atribución para cuyos efectos requerirá del acuerdo del pleno de los Rectores que conforman el Consejo.Integran el CRUCH los rectores de las siguientes universidades: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Austral de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Valparaíso, Universidad de Antofagasta, Universidad de La Serena, Universidad del Bío-Bío, Universidad de La Frontera, Universidad de Magallanes, Universidad de Talca, Universidad de Atacama, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Los Lagos, Universidad Católica del Maule, Universidad Católica de la Santísima Concepción y Universidad Católica de Temuco. Entendamos entonces que el CRUCH junta universidades estatales con ciertas universidades privadas.
Según el anuario estadístico del CRUCH del año 2010, estas 25 (de las 60 universidades que existen) universidades poseían en todo el país 55.945 vacantes, lo que significa que acogieron solo un 32% de los estudiantes matriculados en ese año en educación universitaria. Las universidades con mas vacantes son la Universidad de Concepción con 4844 vacantes al año, Universidad de Chile con 4583 vacantes y la Universidad Arturo Prat con 4480 vacantes; contrastan la Universidad de Atacama y la Universidad de Los Lagos las que ofrecen la menor cantidad de vacantes, 785 y 865 respectivamente. Esto significa también que las 35 universidades restantes, recibieron al 68% de estudiantes universitarios que ingresan a la educación superior universitaria durante el año 2010, cifra no menos relevante al continuar la reflexión en torno a la necesidad que posee el país de seguir generando plataformas educativas universitarias (las que durante las últimas décadas han surgido del área privada), cuántos son los estudiantes que buscan educarse en esta instancia y cuál es la cantidad real de profesionales universitarios que el país necesita anualmente, esto es, que posibilidades laborales tendrán en el país aquellos estudiantes.
TERCERO: ¿Cuáles son los estándares de las instituciones de educación superior universitaria? Bueno, la acreditación. ¿Y qué es la acreditación? Pues la acreditación es “un proceso voluntario al que se someten las instituciones de Educación Superior autónomas del país, así como las carreras de pregrado, programas de postgrado y especialidades del área de la salud que ellas imparten, para contar con una certificación de calidad de sus procesos internos y sus resultados”.¿Quién acredita? La Comisión nacional de Acreditación (CNA Chile), de acuerdo con la Ley N°20.129, autoriza a agencias de acreditación que solicitan poder realizar esta función, las cuales pasan a ser las instituciones responsables de acreditar carreras y programas de pregrado, magíster y especialidades del área de la salud, en aquellas áreas y niveles en las que sean autorizadas. Es así como una institución o programa solicita voluntariamente (no hay obligatoriedad) su incorporación al proceso. Se realiza una autoevaluación y luego una evaluación externa, que termina en una acreditación. Importante es considerar que existen los siguientes procesos de acreditación independientes entre sí: la acreditación institucional, la acreditación de carreras, la acreditación de programas de postgrado y la de especialidades del área de la salud. La acreditación institucional certifica el cumplimiento del proyecto de la institución y la existencia, aplicación y resultados de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad, al interior de las mismas. La acreditación de carreras y programas certifica la calidad en función de sus propósitos declarados y de los criterios establecidos por las respectivas comunidades académicas y profesionales. El tiempo de acreditación dependerá del tipo de procedimiento. La Acreditación institucional dura hasta 7 años, la acreditación de carreras hasta 7 años, y la acreditación de postgrados, hasta 10 años. La cantidad de años se otorga en conformidad con el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación y los propósitos de las instituciones o programas. Al cabo del plazo otorgado, las instituciones podrán repetir el proceso, con el fin de optar a un nuevo período de acreditación.
Con fecha mayo de 2011, según estadísticas del Ministerio de Educación, las 25 universidades miembros del CRUCH están acreditadas; mientras que de las 35 privadas hay 28 acreditadas y 7 no acreditadas. De los 45 institutos profesionales, solo 15 están acreditados, mientras que de los 73 centros de formación técnica, los acreditados son solo 13. Dentro de las Universidades no acreditadas están la Universidad Bolivariana, la Universidad Chileno Británica de Cultura, la Universidad de Aconcagua, la Universidad de la República, la Universidad de Los Leones, la Universidad Miguel de Cervantes, y la Universidad Regional San Marcos. Ahora bien, no se entiende como un país que pretende desarrollar a su ciudadanía profesional no posee criterios obligatorios de medición y fiscalización de calidad para estos establecimientos, los que cumplen el rol más importante que podría realizar cualquier ente en nuestra nación. Es impresentable, que sea tan alto el número de centros de formación técnica y de institutos profesionales no acreditados, no solo porque reciben financiamiento estatal, sino porque están formando una cantidad altísima de profesionales de calidad más que cuestionable, lo que solo puede significar un retroceso para nuestra realidad laboral, productiva y formativa nacional. Por otro lado, pareciera ser que por lo menos en el área de educación superior universitaria no existen mayores conflictos en aquella “calidad”, pues son solo 7 de las 60 universidades de nuestro país las que no han sido sujetas a este procedimiento; llama la atención, pues este diagnóstico parece no tener relación con el secreto a voces que rodea la formación de los establecimiento universitarios los que poseen dudosos estándares no solo de contratación profesional o académica, y bajísimos niveles (por no decir nulos) de publicación e investigación, sino que también han sido cuestionados por la formación de los profesionales que emergen no solo en principios y valores, sino que en los conocimientos propios de cada carrera. Estas cifras más que ser un llamado de tranquilidad demuestran una necesidad imperiosa de discutir seriamente el tipo de profesional que nuestra sociedad busca, pero por sobre todo, necesita, sentado así las bases para estándares de evaluación serios, estrictos, coherentes, y OBLIGATORIOS para estas instituciones.
¿Cuál es el efecto de la acreditación? Establece estándares de calidad para comparar a las universidades; pero ojo, el financiamiento estatal corre PARA TODAS POR IGUAL, salvo en las carreras de medicina y pedagogía donde se requiere acreditación. No tiene entonces ninguna importancia fáctica, la acreditación es meramente nominal, pues las universidades no acreditadas recibirán aporte estatal directo e indirecto al igual que aquellas que si cumplen con los (mínimos) estándares de calidad. Parece evidente que un país que busca algún tipo de progreso a largo plazo, tanto bajo un objetivo de productividad e industria como buscando la formación integral, completa y coherente de cada ciudadano DEBE tener un criterio fijo, estricto, innovador y obligatorio para todos aquellos establecimientos de educación superior que emprenden la tarea de formar a los profesionales del mañana. No solo las universidades que no cumplan una acreditación no deberían recibir financiamiento estatal; estas universidades no deberían existir, pues no se entiende como nuestra sociedad permite que entidades que perjudican a nuestro país, que retrasan la formación de sectores importantes de la ciudadanía sigan funcionando.
CUARTO: ¿Y dónde está el lucro en todo esto?
En cuanto al aporte del estudiante: El potencial estudiante universitario tiene varias opciones: A) Pagar el arancel. B) Postular a una beca. C) Postular a un crédito. D) No estudiar. Dentro de las opciones en que se considera un aporte para las familias están:
A) Las principales becas que el gobierno entrega son: Beca Vocación de Profesor, Beca Puntaje PSU (financia $1.150.000), Beca Excelencia Académica (para los estudiantes que estén dentro del 5% mejor de egresados de toda la educación superior, financia hasta $1.150.000), Beca Bicentenario (financia la totalidad del arancel), Beca para hijos de Profesionales de la Educación (financia un monto máximo de $500.000 de arancel), Beca Juan Gómez Millas (requiere que la institución superior esté acreditada, financia un monto máximo de $1.150.000) , Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeros, y la Beca Nuevo Milenio (para instituciones técnico superiores, financia un monto máximo de 500.000 del arancel anual). Es necesario considerar que según los aranceles de referencia para el año 2011 (los que suelen ser menores a los aranceles que se cobran realmente por las entidades de educación superior) los aranceles de la PUC poseen un rango promedio que considera a la carrera de arquitectura con un arancel anual de 2.546.461, odontología de 3.091.046, derecho de 2.539.222, ingeniería comercial de 2.813.542; la Universidad Austral de Chile posee como arancel para agronomía el monto de 2.161.550, arquitectura de 2.352.274, química y farmacia de 2.075.95, periodismo de 1.943.576, ingeniería comercial de 2.167.917, y derecho de 2.263.896. Los aranceles de la Universidad de Chile no son muy distintos, 2.546.461 para arquitectura, derecho de 2.497.365, geografía de 2.154.508, medicina de 3.467.277. La Universidad Adolfo Ibañez tiene aranceles como el de derecho con un valor de 2.126.675, ingeniería comercial de 2.257.673, periodismo de 1.935.271 y psicología de 2.164.317; mientras que la Universidad de Los Andes cobra 2.073.364 para derecho, 2.013.731 para ingeniería civil, 1.994.386 para ingeniería comercial, 1.856.042 para periodismo y 2.820.157 para medicina. Parece un exceso de datos en aranceles, pero es necesario revisar la mayor cantidad de establecimientos universitarios, privados y estatales, para concluir que no existe beca estatal que financie completamente ni siquiera los aranceles de referencia, los que no se condicen con los aranceles que realmente cobran las universidades, los que llegan incluso a constituir un 150% de los aranceles que aquí se señalan. No se explica como un país que busca desarrollarse como un todo coherente no apoya completamente por lo menos a aquellos estudiantes de mejores resultados según las pruebas de selección existentes, o bien de sectores “más vulnerables”. Esto lleva necesariamente a que los estudiantes busquen una segunda forma de financiamiento, cayendo directamente en los créditos estatales o peor aun, privados.
B) Al hablar de crédito hay que distinguir entre los dos tipos de créditos que existen, el fondo solidario y el crédito con aval del estado. El Fondo Solidario es un beneficio que se otorga a los estudiantes de las Universidades del Consejo de Rectores, también denominadas Universidades Tradicionales, para financiar parte o el total del arancel de referencia anual de la carrera. Es un crédito otorgado en UTM con tasa de interés anual del 2% anual. Se comienza a cancelar después de 2 años de haber egresado, (no estando titulado, lo que es importante al considerar que egresar es concluir el requisito de asistencia a cursos pudiendo quedar pendientes periodos de realización de tesis, prácticas o exámenes habilitantes, en los cuales el estudiante no podía laborar) pagando anualmente una suma equivalente al 5% del total de ingresos que haya obtenido el año anterior. Este crédito es compatible con cualquiera de las becas de arancel y con el Crédito con Garantía del Estado hasta un monto máximo determinado por el arancel de referencia de la carrera respectiva. El plazo máximo de devolución es de 12 años, en general, y 15 en caso de que la deuda sea superior a 200 UTM. La recuperación de estos recursos permite que las nuevas generaciones de estudiantes soliciten estos mismos beneficios.
Por otro lado, el Crédito con Aval del Estado es un beneficio que se le entrega a los estudiantes, el cual está garantizado tanto por la institución en la que estudia el alumno (por el riesgo de deserción académica), como por el Estado, que será garante del beneficiario, hasta que éste haya pagado por completo el crédito una vez egresado. Está expresamente prohibido por ley exigir otras garantías, como por ejemplo avales familiares (aunque en la práctica se realiza de todas maneras puesto que la garantía no significa condonación de la deuda. El responsable del pago del crédito es siempre el alumno). Una vez asignado, el beneficio se extiende por toda la carrera, sin necesidad de postular nuevamente. El monto mínimo de crédito que se puede solicitar es $200.000 y el máximo es el 100% del Arancel de Referencia, establecido anualmente por el Ministerio de Educación para cada carrera e institución según los aranceles de referencia, que suelen ser menores a los aranceles reales. Para este crédito, que se otorga en UF, existen tres plazos de pago: 10, 15 y 20 años, dependiendo de la duración de la carrera, del nivel de estudios en que esté el beneficiario y, en consecuencia, del monto total que adeudará. A menor monto, menor plazo de pago. La tasa de interés es fija para todo el plazo de cada uno de los créditos otorgados. Para los créditos de años anteriores y que serán renovados en 2010, la tasa de interés final será de aproximadamente un 5.8% anual (para los créditos a 10 años) y de un 6,4% anual (para los créditos a 15 y a 20 años). El cobro del Crédito se hace efectivo: Al egreso: en el mes 19, contado desde la fecha de egreso de la carrera. Si el alumno deja de estudiar sin justificación por 12 meses consecutivos y no se matricula en alguna institución participante del sistema (deserción).
Las asignaciones del 2010 beneficiaron a 212.000 alumnos con crédito con aval del estado, esto es un 22% de los estudiantes que accedieron a instituciones de educación superior. ¿Qué significa esto? Que un 22% de los estudiantes de educación superior se verán envueltos en este ejercicio práctico: el arancel de arquitecto para la Universidad de Chile es de 2.546.461. Esto es, en 5 años, una deuda acumulada de $12.732.305, más un interés de 6% que equivale a un monto de $7.639.383: un total de $20.371.688. Si tomamos, acorde al interés cobrado un plazo de pago de 15 años (lo que son 180 meses) esto es un pago mensual de $113.000 pesos, monto que viene a limitar severamente las posibilidades de desarrollo e independencia del “deudor” y lo esclaviza por la mayoría de su vida adulta útil a pagar esta deuda. ¿Y si se repacta? Pues todo ese monto de deuda se convierte en un nuevo monto, al cual se le aplica un nuevo interés, aumentando lo que se debe pagar; opción mas probable, considerando que el crédito con aval del estado se empieza a pagar a los 19 meses de egreso, no de titulación; esto es, a los 19 meses de cursar los ramos, lo que en la mayoría de las carreras significa un año extra para terminar una tesis, una práctica obligatoria o un examen final, dejando solo 7 meses más para buscar un sueldo mayor al mínimo (que permita entonces ahorrar para independizarse en algunos años próximos), titularse y empezar a pagar la deuda. ¿Qué tipo de profesional es el que se busca formar? ¿Cómo se espera que la misión de éste adulto sea devolverle a su país, contribuir con sus conocimientos, si todo lo que el país le entregó fue una deuda millonaria que lo marcará durante toda su vida, impidiendo no solo una formación profesional mayor de postgrado, magister o doctorado en este país o afuera, (la que solo contribuye nuevamente a éste país) sino el desarrollo de una vida independiente restringiendo el sueño de la casa propia o la formación de una familia, para lo cual se requiere sustento (el que claramente no se posee)?
En cuanto al aporte estatal: ¿Cómo se financia una universidad? Hay dos principales tipos de aporte.
– Aporte Fiscal Directo (AFD) es el más importante instrumento de financiamiento basal que Estado destina a las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). Consiste en un subsidio de libre disposición, asignado en un 95% conforme a criterios históricos, y el 5% restante de acuerdo con indicadores de desempeño anuales relacionados con la matrícula estudiantil, el número de académicos con postgrado y el número de proyectos y publicaciones de investigación de excelencia.
Según las estadísticas institucionales del Ministerio de Educación, el año 2009 la Universidad de Chile recibió un 27% del AFD, seguida de la PUC (20,6%), la Universidad de Concepción (11,3%), Universidad de Santiago (8,4%), la Universidad Austral (5,7%) y Universidad Católica de Valparaíso (5%). Se destaca por ejemplo, que son las Universidades de Chile, PUC, y Concepción las que al revisar la cantidad de publicaciones regidas por criterios internacionales ISI e SCIELO juntan el 50% de publicaciones CRUCH, con un 29% para la Universidad de Chile, un 23% para la PUC y un 12% para la Universidad de Concepción en publicaciones ISI, y un 20,4% para la Universidad de Chile, un 21% para la PUC y un 12,6% para las Universidad de Concepción en publicaciones SCIELO. Ojo, que este fondo se entrega a las Universidades del CRUCH, estatales y privadas, según los criterios ya descritos.
– El Aporte Fiscal Indirecto (AFI) es asignado anualmente por el Estado a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, reconocidos por el MINEDUC como Instituciones de Educación Superior (IES), que admitan los 27.500 mejores puntajes de los alumnos matriculados en el primer año de estudios. Durante el año 2010 se distribuyeron un total de MM$ 21.882 entre 105 instituciones.
Durante el año 2010, la Universidad de Chile fue beneficiada con un monto de 19,99%, lo que se traduce en 4.235.201 millones de pesos. Siguen la PUC con un 18,19% ($3.854.091 millones), la Universidad Técnica Federico Santa María de 7,70% ($1.631.793 millones), la Universidad de Concepción con 6,67% ($1.412.887 millones), la Universidad de Santiago de Chile con 6,51% ($1.378.667 millones), la Universidad Adolfo Ibáñez con 4,59% ($973.220 millones), la PUC de Valparaíso con 3,52% ($745.666 millones), la Universidad de los Andes con 3,15% ($668.209 millones de pesos), la Universidad Diego Portales con 2,75% ($583.710 millones de pesos) y la Universidad del Desarrollo con 2,69% ($570.368 millones), como las diez más beneficiadas. Se le entrega dinero a 105 de las 177 instituciones de educación superior (institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades), siendo la última beneficiada la Universidad de la República con 123 millones de pesos. Es aquí donde nace una nueva discusión, pues ¿debe el estado entregarle fondos a todas las universidades, estatales y privadas, acreditadas y no acreditadas, privilegiando el interés y la decisión del estudiante? Quienes apoyan la decisión y la libertad del estudiante en base al esfuerzo y al rendimiento entregado en las pruebas de selección impuestas señalan que sí, especialmente si se considera que ésta es una de las herramientas mediante las cuales se puede impulsar el acceso de estudiantes de quintiles más bajos a instituciones universitarias. Quien les escribe posee la segunda opinión: no. No se puede privilegiar una decisión poco informada, poco productiva, que solo perjudicará no solo al estudiante que ingresará a este establecimiento sin recibir una educación de real calidad y a su familia, la cual gastará montos impresionantes de dinero y se embarcará en una eterna relación de endeudamiento con alguna casa comercial, sino que perjudica al país, el cual deberá encontrar una solución para quien será en el futuro un profesional. Comparación ejemplificadora: Si como apoderado, tú quisieras que tu hijo leyera un buen libro para mejorar sus conocimientos y ampliar su formación, y le entregas dinero para que adquiera uno, no será lo mismo si el compra una revista pornográfica, un comic, un diario, un libro de Stephen King, El Señor de Los Anillos Tomo I, Breve Historia del Mundo de Wells, la Historia del Pueblo Mapuche de José Bengoa o una copia de la Critica de la Razon Pura de Imannuel Kant.
La Respuesta Presidencial: “Es frustrante ver que, sin importar lo que proponga el Presidente, hay personas que dirán que no” ¿Sin importar lo que proponga el Presidente? Pues, ¿Qué fue lo que propuso nuestro gobierno? Las demandas de los estudiantes de educación superior son claras:
- Pase Escolar todo el año pues el escolar es escolar todo el año, su situación financiera no cambia;
- Fin al endeudamiento de las familias, entendiendo primero que el acceso a la educación es un derecho constitucional humano cuyo objeto según nuestra Carta Fundamental es “el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida” siendo el estado el encargado de promover la educación parvularia y garantizar el acceso a la educación básica y secundario, al igual que el responsable de “fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica y la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”. Pues claro es la nación, nuestra nación la que se beneficia directamente de la formación que nuestros ciudadanos alcanzan mejorándose no solo la producción económica y el desarrollo de las distintas áreas industriales, sino que ampliándose exponencialmente las posibilidades la educación familiar y social para los niños en formación y para todos los ciudadanos. El que no existan becas que cubran completamente los aranceles reales que cobran las instituciones de educación superior, y el que tanto el fondo solidario como el crédito con aval del estado signifiquen una deuda acumulada monstruosa e impagable para la mayoría de los ciudadanos solo perjudica a nuestro país, a cada uno de sus miembros en su presente y al futuro de los que vendrán.
- Aporte basal a las instituciones de educación superior estatales: Pues es el Estado el único responsable de estos establecimientos universitarios, los cuales no solo han destacado históricamente por su importante contribución hacia nuestra sociedad, sino que se encuentran acreditados en su totalidad, recibiendo al mismo tiempo un aporte insignificante de parte de quien es su principal garante. Es tiempo de que el Estado se haga cargo de sus universidades, aportando montos que permitan un real desarrollo institucional, una contratación académica de calidad completa, y una formación de profesionales los que, originándose en este sector institucional, sean realmente una contribución para nuestro país.
- Fin al lucro en la educación: No puede ser que por un lado sea el estudiante el que se endeuda de por vida para pagar la preparación que el estado debería entregarle como un profesional que contribuirá al desarrollo de esta nación mientras hay un porcentaje de la misma población que gana dinero con los intereses y las utilidades que provienen de estos aranceles. No sólo eso, pues es el estado el que aporta anualmente grandes cifras de dinero a estos mismos establecimientos, establecimientos que no están siquiera acreditados, o poseen misiones que buscan tener un efecto positivo en nuestros compatriotas. No es posible que el Estado con los recursos limitados que posee beneficie a aquellas instituciones que poseen fines privados y baja calidad educativa, por sobre instituciones con misión pública y laica, y de mayor calidad. Y ojo: lucrar en instituciones de educación superior no solo debe mirarse como un delito en sí mismo, sino que ese lucro es un manejo indebido de dineros del Estado, de todos los chilenos.
¿Y cómo soluciona las propuestas del gobierno lo anterior? Pues, no lo soluciona. Ahonda las mismas lógicas que se buscan eliminar, sin solucionar el fondo del problema, sin enfrentar la problemática educacional como un problema país, manteniéndolo como un conflicto personal del ciudadano individual. Las propuestas del gobierno carecen de reflexión real como una posible respuesta a las peticiones ciudadanas, entregando ítems directamente contrarios a lo que se ha pedido, y manteniendo una lógica en la cual prima la individualidad y la competencia por sobre las necesidades de este colectivo del cual aquellos individuos son parte en el cual los actos y el desarrollo de uno influye directamente en el contexto del otro, trabajándose al mismo tiempo en la creación de una nueva identidad país que supera constante y dinámicamente a la anterior. No sólo eso, sino que establecen como supuestos actitudes humanas que son mas que cuestionables pues la creación de una Superintendencia de Educación como una solución importante para evitar la ilegalidad en esta área solo viene a gritar silenciosamente que ciertos individuos seguirán actuando en su beneficio personal si no hay un gran hermano que los vigila.
Es por todo lo anterior, comprendiendo la real importancia que posee la educación en el desarrollo de la ciudadanía, del país, que las manifestaciones buscando un cambio de fondo no deben cesar. Nunca. Ni hoy, ni mañana; ni aunque las respuestas sean evasivas, o dilatadoras; pues es el deber de todo ciudadano manifestarse, exigir, que los cambios institucionales que le permitan a él y a sus hijos, a todos sus compañeros, se concreten en un tiempo razonable y de forma acertada. Es necesario informar, discutir, crear, constantemente, eternamente: ser realmente un ciudadano.
Maria Jose Chible Villadangos