La política de la mentira

Durante la campaña presidencial del 2017, con la que Sebastián Piñera resultó electo por un segundo período, el empresario atribuía equivocadamente a Lenin una polémica frase: “Miente, miente, que algo queda”. A raíz de su revuelo, si bien se desconoce su real autoría, se rastreó que por lo menos proviene desde hace muchos siglos atrás. Esto nos indica que la mentira y la propaganda política tienen una larga historia de convivencia y nuestro país no está ajeno a ello.
No en vano lo mencionaba el presidente. Posterior a su elección, se instaló un nuevo paradigma político. Si usualmente se buscaban excusas o distorsiones en los argumentos para justificar un proyecto político, hoy la estrategia es lisa y llanamente mentir. Los ejemplos abundan: tras el asesinato de Camilo Catrillanca, se puso en primer plano la histórica opresión estatal sobre el pueblo mapuche. En ese escenario, Piñera afirmó que en la Región de la Araucanía existía terrorismo y que los mapuches quemaban iglesias con mujeres y niños dentro. Sin embargo, no era la primera vez que lo afirmaba. Ya había declarado exactamente la misma frase varias veces durante el mismo año, pocos días antes de asumir la presidencia en plena televisión estadounidense y, luego, la repitió en varias ocasiones durante el mismo año. Decirlo en el contexto de un asesinato por razones políticas solo venía a reforzar una verdad ya creada sistemáticamente con anterioridad sólo por medio del discurso. Lo cierto es que no existe evidencia que sostenga la acusación que realiza el presidente y, de hecho, intentó zafar torpemente cuando fue cuestionado en Canal 13. Por supuesto que esto no ha detenido al mandatario de seguir repitiendo la misma acusación con el fin de apoyar la idea de que existe terrorismo en el Wallmapu.
Esta forma maliciosa de hacer política, además, se ha extendido también a algunos Ministros de Estado quienes, en propias palabras del presidente, son sus personas de confianza. Dentro de estos casos podemos mencionar a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y sus dichos respecto del proyecto Admisión Justa (cuya justicia es bastante cuestionable). Por una parte, la Secretaria de Estado aseveró por medio de una gira nacional que la Ley de Inclusión prohibía las entrevistas personales en los procesos de postulación a escuelas. Rápidamente fueron desmentidos sus dichos tanto por políticos como por expertos en educación: no sólo la ley no prohíbe las entrevistas, sino que hasta permite que los apoderados las soliciten y realicen. Sin embargo, pese a la corrección repetida desde muchos flancos, la ministra hasta el día de hoy no ha salido a rectificar su error.
Ahora bien, si vemos más allá de la formalidad y nos situamos en un amplio sentido, la misma persona ha defendido este proyecto asegurando de que es beneficioso para la educación del país ya que busca premiar a los estudiantes que lo merezcan (asumimos) con la posibilidad de una mejor educación. Se desprende de ello también que quienes no lo merezcan deberán conformarse con una educación mediocre. Lo cierto es que poco tiene que ver el esfuerzo, lo que en realidad está en juego en el desempeño escolar son las condiciones socioeconómicas de cada estudiante. No se trata del mismo esfuerzo de un o una escolar que debe trabajar para que él o ella pueda alimentarse junto a sus hermanos abandonados por unos padres drogadictos versus el esfuerzo que tendrá que poner alguien cuyos padres poseen títulos universitarios, proveniente de un hogar sin violencia y sin ninguna discapacidad. Esto es lo que ha sido afirmado por académicos, profesores, ONGs y políticos, con el fin de contrarrestar la desinformación de la ministra Cubillos. Contrariamente, ningún experto ha salido a respaldar el planteamiento de este proyecto. A pesar de todo ello, la ministra se mantiene estoica afirmando una y otra vez los mismos slogans y, en consecuencia, según CADEM, el proyecto cuenta con un 63% de apoyo popular y la ministra sigue ostentando un 47% de aprobación popular (consideremos que, si bien no es un porcentaje tan alto, es excesivo para quien hace declaraciones tan irresponsables en un ámbito tan relevante como la educación).
Actualmente, gozamos de un amplio desarrollo de las tecnologías y las telecomunicaciones, que permiten un acceso nunca visto a la información, de forma amplia y rápida. Lamentablemente, estas herramientas, que podrían ser un gran aporte al conocimiento y la búsqueda de la verdad, fueron corrompidas en tiempo récord, saturadas de perversas falsedades, como lo que se ha denominado recientemente como fake news y nuestros políticos han aprendido a sacar provecho de ello. Ciertamente, la ciudadanía debe estar alerta y ser educada para tomar un rol activo en cuestionar y verificar el contenido que recibe. No todo lo que brilla es oro y, en lugar de acercarnos a la libertad por medio del conocimiento, podemos convertirnos en cómplices de quienes buscan impedir la realización integral del ser humano en pos de alimentar una máquina productiva.