Iniciando el mes de Agosto de 2020 hemos presenciado por las redes sociales y medios de comunicación la situación ocurrida en La Araucanía, donde civiles y las fuerzas de orden han reprimido de manera agresiva a las y los representantes del pueblo mapuche, en las localidades de Curacautín, Victoria y Traiguén.
Varias de las Municipalidades de las comunas de La Araucanía se encontraban en “tomas de espacio” por parte de personas pertenecientes al pueblo mapuche, en este contexto, civiles y Carabineros, desalojaron las dependencias de las edilicias, actuando de manera violenta y racista. Las agresiones recibidas por las y los mapuche, no solo fueron realizadas con violencia física, sino también, con consignas racistas, que afectan a la comunidad completa.
Como Fraternidad Juvenil Alfa Pi Épsilon reconocemos el aporte de todos los grupos componentes del acervo cultural nacional y, consecuentemente con esto, nos declaramos a favor del rescate y reivindicación de la identidad, derechos sociales, desarrollo económico y derechos territoriales de nuestros pueblos originarios, haciendo propia la declaración del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Por lo que repudiamos estos actos de violencia racial y física hacia el pueblo mapuche. Entendiendo que estos hechos se inscriben en un contexto de profundización de la política de militarización del Wallmapu y la criminalización de la demanda mapuche. La toma de espacios corresponde a la visibilización de las demandas territoriales por parte del pueblo mapuche, junto con la forma en que se ha pronunciado la justicia chilena en causas que afectan a comuneros y comuneras, que hoy mantienen a varios en diversas cárceles de la región de La Araucanía en prolongadas huelgas de hambre, las que deterioran su salud física y psicológica.
Los hechos acontecidos no son nuevos, nuestro país es un territorio intercultural, pero en que han abundado los episodios de discriminación y atropello hacia nuestros pueblos originarios, quienes han sido relegados y mutilados en sus costumbres, territorios, religión y cultura.
Nos parece preocupante que un conflicto histórico, que data desde la génesis del Estado chileno, tenga respuestas violentas de civiles, decantando en una situación, que este fin de semana, pudo ser aún más dramática. Creemos que es el Estado quien debe hacerse cargo de estas demandas legítimas. El Presidente de la República, junto con su nuevo Ministro del Interior deben dejar de insistir en reducir la demanda mapuche a un problema de orden público, reconociendo la existencia de presos políticos. Hemos sido testigos de cómo la Justicia ha operado en causas relacionadas con la demanda mapuche y cómo las policías han ocultado pruebas, proporcionando evidencias carentes de objetividad, éstas han sido situaciones cuestionadas por la ciudadanía y organismos internacionales, las cuales mantienen hoy a presos políticos en las cárceles de la región. Hacemos hincapié en lo anterior, para comprender las medidas de visibilización que han adoptado algunas comunidades mapuche.
Considerando que, fueron los fundadores del Estado chilena quienes llevaron a cabo una sangrienta invasión y se apropiaron de los vastos territorios del pueblo mapuche, para posteriormente venderlos a colonos extranjeros y, de esta forma, llevar a reducciones territoriales al pueblo mapuche; nos parece que es el Estado quien debe garantizar contundentes medidas de reparo hacia el pueblo mapuche.
Repudiamos la inacción y criminalización del Estado chileno hacia demandas históricas, condenamos a las organizaciones civiles y políticas que convocan a este tipo de manifestaciones raciales. Además, comprendemos que las demandas del pueblo mapuche no solo se limitan a cuestiones territoriales, culturales y judiciales, sino también a la protección de los recursos naturales que se han visto sobreexplotados en la Región de La Araucanía, peticiones con las que no sólo simpatizamos, sino que adherimos.
Esperamos que en aras de un nuevo proceso constituyente sentemos las bases que reivindiquen, sin vacilaciones, las demandas de nuestros pueblos originarios.