Por: Rodrigo Lillo
Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el país tiene una activa agenda climática que comprende planes de mitigación y adaptación en los cuales están involucrados diversos entes sectoriales coordinados técnicamente a través del Ministerio del Medio Ambiente que hoy cuenta con competencia en materia de cambio climático. Junto con los retos de la acción climática, la política ambiental debe abordar los problemas de contaminación local. En este escenario de doble desafío se ha apostado por el desarrollo de instrumentos de mercado y, específicamente, la implementación de un impuesto a las emisiones contaminantes como un primer paso para internalizar las externalidades que genera el desarrollo industrial, permitiendo con ello cumplir los objetivos ambientales a un menor costo social.
El año 2017, Chile implementó impuestos verdes para fuentes fijas que emiten contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y globales (CO2). Se trata de un mecanismo inédito en el país y pionero en la región que extiende la gama de instrumentos de gestión ambiental. Su propósito central es apoyar y complementar los esfuerzos para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal problema ambiental de Chile– así como mitigar los gases de efecto invernadero a un menor costo. La implementación de estos impuestos ha significado el diseño y construcción de una nueva infraestructura institucional incluyendo la puesta en marcha de un sistema de registro de fuentes afectas al impuesto y un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones. Una vez en régimen, el Gobierno espera debatir sobre una profundización del impuesto o incluso transitar hacia instrumentos de precios al carbono más sofisticados, incluyendo permisos de emisión transable.
Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones. Su uso permite consolidar los mecanismos de intercambio de información entre las diversas agencias del Estado, logrando construir una nueva arquitectura institucional mediante el desarrollo de capacidades técnicas y administrativas que sientan las bases para la incorporación de nuevas y más sofisticadas herramientas en el ámbito de la gestión ambiental.
En el marco de la reforma tributaria de 2014, se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de reducir la contaminación local y global a través de incentivos que buscan generar cambios en el comportamiento de los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por contaminar. A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de mercado, en general; y los impuestos, en particular, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo social. En otras palabras, son más eficientes. Con la implementación de estos impuestos, Chile se convierte en el primer país de América del Sur y uno de los primeros entre los países en vías de desarrollo que ha adoptado un precio al carbono, por lo que está en un buen pie para profundizar en esta vía, incorporando otros mecanismos de mitigación de emisiones que sean complementarios. Así mismo, desde el punto de vista conceptual, estos impuestos permitirán gravar los males asociados a la producción y el consumo, lo que abre la puerta para nuevos instrumentos de mercado en la gestión ambiental.
En la praxis, según las cifras de Tesorería en el caso de los impuestos verdes la recaudación del tributo que afecta a las fuentes fijas, generó un ingreso fiscal por $115.299 millones, cifra que representó el 62,3% en este ítem. En tanto, la tributación por fuentes móviles recaudó $69.884 millones, que aportó el 37,7% y fue superior en 8,6% a lo recaudado en 2017.
Chile será el país anfitrión, junto a Costa Rica, de la próxima conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, COP 25, a realizarse en noviembre de 2019. Chile estará encargado de organizar este importante encuentro global. El momento es particularmente clave en la negociación internacional, pues se trata de poner en marcha el ambicioso Acuerdo de París firmado en el 2016. La organización de la COP 25 se anuncia en un momento de álgida discusión acerca del futuro energético del país. Actualmente, el 40 % de la generación de energía en Chile es en base a carbón, uno de los métodos más contaminantes. El objetivo es que para el 2040, el 100 % de la generación de energía en Chile provenga de fuentes limpias, especialmente de centrales a gas natural y solares.
¿Será posible alcanzar dichos objetivos con nuestro nivel de conciencia actual?
Las voces críticas apuntan a la necesidad urgente de hacer mayores esfuerzos para acortar los plazos. “La mesa de descarbonización va muy retrasada en términos de los compromisos que adoptó el país”, señala Flavia Liberona, directora ejecutiva de fundación para la conservación TERRAM. Debemos reconocer el informe del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas) que advierte sobre la necesidad de reducir en un 45 % las emisiones de dióxido de carbono —el principal gas de efecto invernadero—para el 2030”, dice Liberona. Dicho informe señala que, de lo contrario, el calentamiento aumentará de 1,5 grados centígrados entre 2030 y 2052.
Ante esto y por consenso en nuestra última gran asamblea es que hemos elevado nuestra preocupación por el cambio climático, Ergo nuestro lineamiento como institución nos ha permitido a establecer una planificación de acción externa coherente a la necesidad de nuestro planeta, pero esto no será más que una acción poética si no hacemos algo al respecto, trabajando de lo individual hacia lo colectivo, en nuestras bases sociales, nuestros círculos más próximos y en cada acción externa que planifiquemos.
La invitación está hecha y la responsabilidad está en nuestras manos.