Imagen de portada: @Mujeres.Red
Autoría texto: Carol Muñoz Vergara
América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para defender la Tierra y el medio ambiente, concentrando el 75% de los ataques por motivos ambientales y el 88% de asesinatos de los defensores a nivel global, en 2022, según reportes de Amnistía Internacional y Global Witness. Dos tercios de estos ataques están relacionados con la protección de bosques y océanos, mientras que el resto se vincula a la explotación de recursos agroindustriales, forestales o mineros.
Chile no está exento de esta realidad, ya que quienes defienden la tierra y los ecosistemas en el país suelen ser víctimas de hostigamiento, amedrentamiento, golpizas, allanamientos arbitrarios e incluso asesinatos. Esta situación afecta particularmente a las mujeres y a personas que realizan labores de defensa en zonas de sacrificio ambiental.
En 2022, Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, un hito clave para el acceso a la justicia ambiental y la protección de quienes defienden el medioambiente. No obstante, su implementación ha sido lenta, especialmente en lo que respecta a sus pilares clave, como el Protocolo de Protección a Defensores Ambientales, que entró en vigor apenas en diciembre de 2024. Este retraso contrasta con la creciente vulnerabilidad de quienes dedican su vida a la defensa del medioambiente en Chile.
Ejemplos de esta vulnerabilidad se observan cada año en distintos territorios del país. En Quintero, Puchuncaví y Ventanas, zonas afectadas por la contaminación de al menos 17 industrias, activistas de la organización “Mujeres Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia” han sido amenazadas tras denunciar la degradación de la calidad de vida en la región. En Petorca, integrantes del “Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente” (MODATIMA) han sufrido constantes hostigamientos. Rodrigo Mundaca, ex vocero del movimiento y actual gobernador de la región de Valparaíso, ha denunciado amenazas de muerte desde 2017, al mismo tiempo que ha sido catalogado como “blanco de interés” en el informe filtrado de Carabineros en octubre de 2019. Por su parte, dirigentas como Verónica Vilches y Lorena Donaire han sido perseguidas por autos con vidrios polarizados y sin patentes, además de ser vigiladas. Donaire, en particular, ha sufrido actos de intimidación alarmantes, como la detección de drones en su domicilio, de acuerdo con lo relatado a Amnistía Internacional en 2022.
El hostigamiento también ha derivado en asesinatos bajo circunstancias poco esclarecidas. Casos como los de Nicolasa Quintremán (1939-2013, defensora del Río Ralco); Macarena Valdés (1983-2016, defensora del Río Trangui); Alejandro Castro (1988-2018, defensor de la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví) y Marcelo Vega Cortés (1972-2019, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Chan Chan y opositor a la instalación de un ducto de la empresa Celulosa Arauco-Celco) reflejan la violencia sistemática contra quienes se oponen a proyectos extractivos que amenazan sus territorios. Asimismo, la impunidad en estos decesos refuerza el clima de inseguridad para las y los defensores ambientales en el país.
El caso más reciente es el de Julia Chuñil, defensora ambiental y presidenta de la comunidad mapuche Putreguel (Máfil, región de Los Ríos), desaparecida desde el 8 de noviembre de 2023. A sus 72 años, Chuñil salió a buscar sus vacunos al campo y nunca regresó. Las pericias iniciales indicaron que su rastro se perdió en un sendero poco transitado, donde también se encontraron huellas de una camioneta.
Chuñil lleva años protegiendo un territorio de 900 hectáreas de bosque nativo frente a las amenazas de un empresario local interesado en explotar esas tierras. Durante su lucha, ha recibido constantes amenazas, llamadas intimidatorias y actos de hostigamiento, incluyendo el corte de caminos, intentos de atropello y la quema de su vivienda. Su desaparición ha generado indignación y una serie de movilizaciones a lo largo del país, pero la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha proporcionado información clara sobre el caso, y el principal sospechoso aún no ha sido citado a declarar.
La reciente desaparición de Julia Chuñil refleja la deuda pendiente de Chile en materia de protección a defensores ambientales, y nos recuerda que la democracia no solo se mide por la realización de elecciones, sino también por la garantía de derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la justicia y la protección de quienes denuncian el saqueo ambiental.
La demora en la implementación del Protocolo de Protección a Defensores Ambientales del Acuerdo de Escazú evidencia la falta de voluntad política para abordar un problema que sigue cobrando vidas. Chile debe asumir con urgencia el compromiso de proteger a quienes resguardan la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales de sus habitantes. Esto implica no solo acelerar la aplicación de los mecanismos de protección del Acuerdo de Escazú, sino también fortalecer la institucionalidad ambiental y garantizar investigaciones exhaustivas en los casos de violencia contra defensores y defensoras ambientales. De lo contrario, la democracia seguirá en deuda con aquellos que dedican su vida a la defensa del territorio y del derecho a un ambiente sano para las futuras generaciones.
NOTA EDITORIAL: Cabe destacar que toda columna de opinión es personal y no necesariamente representa el pensamiento de la Fraternidad.